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INICIA PROGRAMA CONJUNTO DE PAZ PARA LA GENERACIÓN POS-CONFLICTO

INICIA PROGRAMA CONJUNTO DE PAZ PARA LA GENERACIÓN POS-CONFLICTO

Con el fin de fortalecer y consolidar los mecanismos de atención y protección a personas afectadas por la violencia, y las capacidades para ejercer las funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia, el Gobierno de El Salvador y tres agencias de las Naciones Unidas lanzaron hoy el Programa conjunto de paz para la generación post-conflicto.

Esta iniciativa será implementada por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia y Seguridad Pública, así como por la Secretaría de Gobernabilidad de la Presidencia, por parte del Gobierno, y por el PNUD, ACNUR y OIM, por las Naciones Unidas. El programa es financiado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Consolidación de la Paz con un presupuesto de alrededor de $2.3 millones de dólares que se implementará hasta el año 2019.

“En el marco del 25 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, queremos contribuir con el Estado salvadoreño a expandir sus capacidades para atender a las víctimas de la violencia y para cerrar los ciclos que estimulan, reproducen y mantienen la violencia”, manifestó el Coordinador Residente de las Naciones Unidas, Christian Salazar.

El programa ayudará a fortalecer los mecanismos de protección y atención a víctimas de la violencia, para lo cual se mejorarán las instalaciones donde se les recibe de forma que aseguren la confidencialidad y atención especializada para hombres, mujeres y niñez. También se apoyará la expansión de la red de Oficinas Locales de Atención a Víctimas. 

Además, se creará un sistema nacional de registro de casos de víctimas de la violencia en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y se fortalecerán los existentes en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en la Procuraduría General de la República. Con esto se busca facilitar que las personas afectadas por la violencia sean remitidas a las instituciones nacionales que brindan medidas de protección y que la información recibida sirva para el diseño de políticas públicas a su favor. Asimismo, se elaborarán e implementarán protocolos de atención para el restablecimiento de sus derechos.

Un segundo componente apoya las actividades del gobierno salvadoreño en la reintegración de la población migrante retornada. Este incluirá la mejora de la infraestructura donde se les acoge, la elaboración de protocolos que optimicen su recepción y reinserción, y el desarrollo de actividades productivas para ellos y ellas. Además, se brindará ayuda psicosocial a las personas migrantes retornadas que estén en situación de vulnerabilidad y necesiten protección, con especial énfasis en mujeres. 

El tercer componente consiste en fortalecer las capacidades para el cumplimiento de las funciones de control interno y externo de las instituciones de seguridad y justicia, especialmente de la Policía Nacional Civil, promoviendo el involucramiento de la ciudadanía y el diálogo, así como la cooperación Sur-Sur. 

Para lograrlo se trabajará en la mejora de los procesos de investigación interna, con la Inspectoría General de Seguridad Pública, y en la actualización de los procedimientos para el funcionamiento de los controles internos y externos. Además, se contribuirá al desarrollo de una mayor coordinación entre la instituciones relacionadas con estas funciones: Fiscalía General de la República, Procuraduría de para la Defensa de los Derechos Humanos y Procuraduría General de la República. Asimismo, se apoyará la revisión de los reglamentos de formación policial.

El Programa también contribuirá con el proceso de construcción de acuerdos de nación en El Salvador que busca generar condiciones para el diálogo político alrededor de temas estratégicos en el largo plazo.

Todas estas acciones aportan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente el 16 que busca sociedades pacíficas y justas e instituciones fuertes, así como a las ejes del Plan El Salvador Seguro, particularmente los de atención y protección a víctimas, control y persecución penal, y fortalecimiento institucional.

Para mayor información, favor contactar a OIM El Salvador, Guatemala y Honduras - Alba Miriam Amaya al correo aamaya@iom.int